(Re)hacer ciudad en tiempos de crisis
Apenas una semana antes de la declaración del estado de alarma a raíz de la Covid-19, celebramos la sesión de clausura del proceso de participación del Avance del Plan director urbanístico metropolitano (PDU metropolitano). Así, dábamos por cerrada la primera fase de redacción del Plan, que será el instrumento urbanístico que ordenará el territorio metropolitano durante las próximas décadas. Los primeros resultados de la participación hicieron aflorar cuestiones que, aunque puedan parecer obvias y sencillas, no dejan de ser esenciales. De hecho, con la crisis social y sanitaria que estamos viviendo actualmente todavía se han puesto más de manifiesto.
Principalmente, los resultados hacían énfasis en la necesidad -que ya apuntaba el Plan- de abordar las cuestiones urbanas con una doble mirada. Desde el ámbito supramunicipal o regional, por ejemplo, se insistía en la necesidad de mejorar las conexiones entre municipios con carriles bici, una red de autobuses intermunicipal con más frecuencia de paso o rutas seguras para desplazarse a pie, como por ejemplo entre Badia y Cerdanyola del Vallès. La mirada más cercana, en cambio, hacía hincapié en el cuidado de las personas y el entorno más inmediato, con la garantía de unos servicios básicos suficientes y de calidad en los barrios (espacios de relación: plazas, parques, equipamientos, etc.).
El proceso demostraba que sí, que vivimos y trabajamos en un territorio policéntrico: Barcelona tiene un papel capital, pero hay que destacar la importancia y apoyar al resto de municipios, los vínculos que establecen entre sí y los espacios de relación del día a día de las personas. Es decir, hay que tener en cuenta todos los elementos de debate urbano que la pandemia nos ha hecho cuestionar.
En definitiva, estamos ante un escenario de futuro complejo, que tenemos que resolver transformando la metrópolis y reciclándola
Cuando en agosto de 2010 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley del AMB -que le otorgaba competencias urbanísticas para redactar el PDU metropolitano-, estábamos inmersos en otra crisis, la de 2008, que afectaba directamente el modelo de crecimiento urbano. Las consecuencias sociales y económicas que provocó ya eran patentes y agravaban, entre otros motivos, por la falta de vivienda social para hacerles frente.
Ahora, igual que entonces, se necesitan respuestas rápidas ante la emergencia provocada por la crisis. Si algo hemos aprendido, sin embargo, es que necesariamente deben ir acompañadas de una estrategia a largo plazo que aumente la resiliencia de las personas y del territorio.
El PDU metropolitano nació, pues, con el cambio de paradigma de la planificación urbana surgido a raíz de la crisis del 2008, y ha encarrilado la fase de redacción más decisiva con el inicio de la pandemia. Quizás ambas crisis forman parte de una misma tensión que no es coyuntural sino cíclica. Por lo tanto, dado que la planificación urbanística se plantea a largo plazo –el horizonte del Plan es el 2050-, debe incorporar necesariamente elementos de incertidumbre. El caso, sin embargo, es que los efectos de ambas crisis se superponen y han contribuido claramente a agravar la segregación territorial -especialmente por motivos de renta- y poner sobre la mesa la importancia de la salud de las personas y del planeta. Si bien estas cuestiones ya estaban en el centro del debate, ahora reclaman abiertamente un consenso respecto a las estrategias más adecuadas para resolverlas.
En este sentido, el PDU metropolitano apela a la conciencia metropolitana para afrontar estos y otros retos desde una perspectiva supramunicipal. En su vertiente más estratégica, define los objetivos y propósitos a largo plazo en coherencia con el marco autonómico, como los del Plan territorial metropolitano de Barcelona (2010), que establece umbrales de crecimiento para los 164 municipios de la región metropolitana, o los del Plan territorial sectorial de la vivienda (2019), que fija unos objetivos de solidaridad urbana intermunicipal en materia de vivienda. Igualmente, se alinea con los marcos europeos e internacionales en materia de desarrollo sostenible definidos por el Acuerdo de París (2015), la Agenda 2030 o la Declaración de Quito.
Asimismo, desde un punto de vista más operativo, el PDU metropolitano precede el futuro Plan de ordenación urbanística metropolitano (POUMet), que regulará con más detalle el territorio y sustituirá al actual Plan General Metropolitano (PGM), aprobado en 1976. El PGM fue uno de los primeros planes urbanísticos de la época democrática y, entonces, se enfrentaba a una metrópolis que había que contener y dotar de infraestructuras de movilidad, de equipamientos y de espacios libres suficientes, ya que se había ido compactando con pocas restricciones. Ahora, más de 40 años después, ante los nuevos retos medioambientales, sociales y económicos, tenemos que volver a posicionarnos y establecer compromisos con el entorno y con las personas que conviven, reconociendo así que somos ecodependientes e interdependientes; los nuevos modelos de desarrollo urbano sostenible deben prever la preservación de la matriz biofísica.
El área metropolitana de Barcelona es un territorio diverso y heterogéneo, y es aquí donde radican, al mismo tiempo, su valor y su complejidad; es por eso que nunca podrá ser un territorio igualitario. Uno de los grandes objetivos del urbanismo es, precisamente, redistribuir la riqueza en el territorio para hacerlo más equitativo
En definitiva, estamos ante un escenario de futuro complejo, que tenemos que resolver transformando la metrópolis y reciclándola. En los próximos años tendremos que rehabilitar un parque de viviendas bastante envejecido, reurbanizar las calles para ganar espacio para la movilidad activa y los espacios de estancia, repensar las grandes infraestructuras para maximizar los flujos de personas -y no de vehículos- e integrarlas de manera adecuada a sus entornos, o bien reubicar ciertos usos productivos más cerca de la residencia, como los vinculados a la industria del conocimiento.
Para hacerlo posible, necesitamos nuevo instrumental urbanístico. La legislación vigente está pensada, principalmente, para desarrollar nuevos suelos y crecer más allá de los límites de las ciudades. Es cierto que, desde que se transfirieron las competencias urbanísticas a principios de los años 80 a las comunidades autónomas, se han hecho esfuerzos para dotarse de herramientas para trabajar el tejido urbano existente, como, por ejemplo, incorporando reservas de suelo de vivienda protegida en las transformaciones del suelo urbano. Pero esto no es suficiente, y habrá que combinar experiencia e imaginación para innovar en este campo. O, en el mejor de los casos, podremos acompañar la redacción del Plan con la renovación de la ley y el reglamento de urbanismo que, con el Anteproyecto de ley de territorio de 2018, ha dado el primer paso y ya apunta estrategias legislativas en este sentido.
El área metropolitana de Barcelona es un territorio diverso y heterogéneo, y es aquí donde radican, al mismo tiempo, su valor y su complejidad; es por eso que nunca podrá ser un territorio igualitario. Uno de los grandes objetivos del urbanismo es, precisamente, redistribuir la riqueza en el territorio para hacerlo más equitativo. En este sentido, el PDU metropolitano concreta propuestas para dar respuesta a las necesidades estructurales o sobrevenidas de la población, teniendo en cuenta, muy especialmente, las capacidades del territorio desde el punto de vista físico, ambiental y social.
Por lo tanto, sí, hace falta un PDU metropolitano que, ante la complejidad de los retos de futuro, vaya acompañado de una gobernanza flexible y coherente que facilite el consenso con las políticas públicas necesarias para desplegarlo con efectividad. Más que imponer un modelo territorial, debemos aprovechar el Plan para convertirlo en un espacio de debate que permita priorizar las transformaciones urbanas desde el punto de vista metropolitano, un espacio en el que la toma de decisiones apueste por liderazgos compartidos y estructuras de gobernanza política, técnica y ciudadana: del control a la confianza, de la jerarquía a la complicidad y de la competencia territorial a la cooperación.
Es una obviedad que las dinámicas de vivienda van más allá de Montgat, y que el mercado de trabajo desconoce dónde termina Barberà del Vallés y comienza Sabadell. Como nos sugiere Marina Garcés en su último libro, «Escuela de aprendices», cada uno debe ser capaz de pensar por sí mismo, y a su vez pensar conjuntamente con el resto, sobre los problemas de nuestro tiempo, para compartir un modelo territorial y corresponsabilizarnos de las políticas públicas más transformadoras, también las urbanísticas.