La última oportunidad

Los fondos Next Generation (NGEU) son excepcionales al menos por tres motivos.

En primer lugar, por su volumen. Estamos hablando de 750 mil millones de euros, una parte en forma de subsidios y el resto en forma de créditos. Si consideramos solo la parte de los subsidios (437,5 mM €), representan el 2,5% del PIB de la Unión Europea. Como la distribución no es proporcional, en el caso de los países mediterráneos (y del Este), esta proporción es muy superior. Así, el subsidio que corresponde a España equivale al 5% de su PIB. Para valorar esta cifra puede ser útil recordar que el Plan Marshall consistió fundamentalmente en un subsidio por parte de EE.UU. a los países devastados por la 2ª Guerra Mundial equivalente al 2% del PIB de estos. Estamos hablando, pues, de que España tiene la opción de recibir el equivalente dos y medio planes Marshall.

Los fondos son excepcionales porque, con la excusa de los estragos causados ​​por la COVID-19, en realidad están diseñados para hacer política industrial

En segundo lugar, los fondos son excepcionales porque es la primera vez que la Unión Europea se endeuda. Es razonable que los estados del Norte se preocupen de que los del Sur aprovechen los recursos para ser más competitivos, de manera que cuando haya que devolver los fondos, estos no solo no necesiten ningún otro rescate, sino que sean capaces de colaborar.

Finalmente, los fondos son excepcionales porque, con la excusa de los estragos causados ​​por la COVID-19, en realidad están diseñados para hacer política industrial.

Las normas de los NGEU establecen que los estados miembros tienen tres años (2021-2023) para comprometer los recursos que les han sido asignados, y que (con la excepción de una pequeña parte) estos deben haber sido invertidos y justificados en un plazo de cinco años (hasta agosto de 2026). Si los NGEU tuvieran como objetivo compensar los sectores más afectados por la crisis sanitaria (hostelería, restauración, cultura, etc.) y acelerar la salida de la crisis económica, los plazos serían de meses, y no de años.

La hora de la política industrial

En los veinte años que precedieron a la pandemia, y en términos de productividad -producto por hora trabajada- Europa se había rezagado respecto de los Estados Unidos, y la Europa mediterránea (sobre todo Italia) se había rezagado respecto del conjunto europeo. Ahora bien, de la productividad depende que se pueda financiar el estado del bienestar del que tan orgullosos estamos los europeos.

En el corazón de Europa este retraso se identificaba con la dependencia tecnológica (las innovaciones en maquinaria y programario informático, por ejemplo) y en la pérdida de control sobre las empresas punteras europeas.

En este contexto, los ministros de industria de Francia y Alemania, reunidos de urgencia el día 19 de febrero de 2019 (ahora no viene al caso recordar cuál fue el desencadenante, pero sí destacar que la fecha antecede en un año la llegada de la pandemia), firmaron e hicieron público un insólito «Manifiesto para una política industrial europea adecuada para el siglo XXI» que suponía una enmienda a la política que hasta entonces había seguido la Comisión. Los ministros comenzaban sentenciando que «La potencia económica de Europa en las próximas décadas dependerá mucho de nuestra habilidad para mantenernos como una potencia manufacturera e industrial» (porque) «una industria potente está en el corazón de un crecimiento sostenible e inclusivo», que «el sector industrial del siglo XX está cambiando ante nuestros ojos debido a la digitalización» y que «si Europa todavía quiere ser una potencia industrial en 2030, necesitamos una verdadera política industrial europea». Proponían el establecimiento de mecanismos públicos para financiar inversiones «masivas» en innovación, adaptar el esquema regulatorio (para facilitar la intervención pública y facilitar la cooperación entre empresas europeas) y el establecimiento de medidas efectivas para proteger a las tecnologías, empresas y mercados europeos.

Las dificultades a superar no eran pocas, porque la Unión había hecho mucha política agrícola, pero muy poca política industrial, y había hecho muy poca porque siempre había prevalecido el principio liberal de la protección de la competencia, que incluye la represión de las intervenciones públicas sobre los mercados (excepto los agrícolas). El peso de la Comisaría de la Competencia es una manifestación clara de este sesgo.

La pandemia ha proporcionado la oportunidad para llevar a la práctica las propuestas del manifiesto.

Es significativo que el 18 de mayo de 2020 los gobiernos francés y alemán hicieran pública una «Iniciativa para la recuperación europea de la crisis del coronavirus» consistente en cuatro propuestas. Las dos primeras eran lógicas en el marco de la pandemia: el establecimiento de una estrategia de «soberanía sanitaria» (para evitar los problemas de suministros que habían sufrido con mascarillas, respiradores y vacunas), y el establecimiento de un «ambicioso fondo de recuperación» para ayudar a los sectores y regiones más afectados por la pandemia. Las otras dos, en cambio, aprovechaban para volver al «Manifiesto»: acelerar las transiciones verde y digital e impulsar la «resiliencia económica e industrial europeas».

Nosotros

Si los ministros francés y alemán tienen motivos para preocuparse por la soberanía tecnológica europea, nosotros tenemos problemas más graves. Un solo dato es suficiente para ponerlo de manifiesto: uno de cada cinco catalanes (uno de cada cuatro en el caso balear) de entre 18 y 24 años tiene como máximo la ESO. Esta proporción es de 1 a 9 en Portugal, 1 a 10 en Dinamarca y 1 a 15 en el País Vasco, proporción, esta última, que pone de manifiesto que nuestro problema tiene muy poco que ver con el marco normativo estatal. En cambio, el fenómeno no es ajeno a la calidad del mercado laboral catalán (y mediterráneo en general), caracterizado por la estacionalidad, la precariedad, el paro, el fraude laboral y los bajos salarios. En este contexto, lo que necesitamos no es sólo que nuestra industria dé un salto tecnológico, sino, también, que gane peso en el conjunto. Dicho de otro modo, que el turismo pierda peso.

Lo que necesitamos no es sólo que nuestra industria dé un salto tecnológico, sino, también, que gane peso en el conjunto. Dicho de otro modo, que el turismo en pierda

Cuatro serán nuestras prioridades en la utilización de estos fondos excepcionales:

• Impulsar la Formación Profesional para dotarnos de una masa de trabajadores jóvenes preparados para ocupar cuadros intermedios en la industria.
• Continuar apostando por la investigación y apostar de verdad por la transferencia de tecnología.
• Impulsar la transformación de sectores industriales maduros. Destacan dos especialmente, el automóvil y la industria agroalimentaria. En cuanto al primero, necesitamos que SEAT pase a producir vehículos eléctricos, que se instale en Cataluña una fábrica de baterías y apostar por la investigación aplicada en el vehículo autónomo, y hay que decir que el IDIADA tiene un proyecto muy ambicioso al respecto. En cuanto a la industria agroalimentaria, hay que aprovechar la oportunidad para resolver el problema de las deyecciones ganaderas sobre el subsuelo.
• Impulsar la aparición de sectores industriales nuevos, y aquí destacan todo lo relacionado con la salud, los proyectos del diseño del chip europeo de altas prestaciones que impulsa el BSC y el proyecto de computación y telecomunicaciones cuánticas que impulsa el ICFO.

Mi generación no verá otra oportunidad como esta. La inquietud, evidentemente, es si nuestra clase política, empeñada en ese momento en otras urgencias, será capaz de estar a la altura.