Sobre la necesidad de un sistema mediático multipolar

Cuando se negoció el nuevo modelo de estado que surgiría del fin del franquismo, una de las batallas políticas más intensas -aunque en buena parte silenciosa- fue la relacionada con los medios de comunicación. Cuando se abordó la cuestión territorial, casi de manera automática se abrió el debate sobre cómo debía organizarse el sistema mediático: quien tenía derecho a crear radios y televisiones, con qué características y quien podía dar subvenciones a medios privados. Este fue el punto de partida hacia un sistema mediático mucho más descentralizado en el campo radiotelevisivo. Todo ello con estatus constitucional.

Tradicionalmente, esta polémica se ha atribuido a la voluntad de nacionalistas vascos y catalanes de querer crear un sistema mediático propio, con la función principal de normalizar el vasco y el catalán. Pero poco se destaca que la derecha española que gobernaba Galicia también quería una televisión. Muy pocos años después, los socialistas que gobernaban el País Valenciano -aquí también con necesidades lingüísticas-, Andalucía y Madrid se sumaban a crear radiotelevisiones públicas por sus autonomías. Muchas autonomías disponen ahora de televisión y dan subvenciones a medios privados.

La razón era, en el fondo, muy sencilla, aunque a menudo escondida: tener medios de comunicación era una manera de sustanciar la autonomía y también de disponer de una herramienta de influencia sobre el demos regional. Era una herramienta básica para construir nación/autonomía/región. Como sostenía Jordi Pujol, organizar un territorio sin medios propios era casi imposible, fuera cual fuera ese territorio. En ese momento -y también los años posteriores, sobre todo en relación con la Cataluña del proceso- el Gobierno central (fuera cual fuera) no lo vieron más claro, incluso cuando eran sus propios correligionarios quienes impulsaban medios: sabían que un sistema descentralizado (sobre todo la televisión) erosionaba el poder de la administración central. Los medios, a menudo llamados el cuarto poder, también deben considerarse la cuarta rama del poder político. El poder comunicativo es blando, pero tiene efectos.

Cuarenta años después de la articulación del estado de las autonomías, parece emerger un proyecto que busca responder al creciente peso político y económico de Madrid

Este debate no es precisamente menor ni específico de España. Desde un punto de vista teórico, los estudios sobre nacionalismo han defendido desde los años sesenta la importancia de los medios en la articulación de identidades nacionales y, también, en la construcción del estado(-nación). Desde un punto de vista práctico, países tan diversos como Bélgica, Alemania, Suiza o el Reino Unido han vivido situaciones similares que han llevado a políticas dirigidas a crear sistemas que se adecuen a la concepción de la organización territorial hegemónica en cada momento -si era necesario, obviando los mandatos constitucionales.

En España, cuarenta años después de la articulación del estado de las autonomías, parece emerger un proyecto que busca responder al creciente peso político y económico de Madrid, que se ha convertido en un gran agujero negro. El sistema en su conjunto se ha recentralizado y genera disfunciones. De nuevo, emerge el tema eterno de la organización territorial del Estado. De nuevo, en forma de conflicto entre centro y periferia. Con una variante: ahora parece que se busca articular una coalición de territorios periféricos para detener el crecimiento y compensar la hipertrofia de la capital del Estado.

Si se quiere construir un contrapoder político y económico en Madrid, será necesario construir un contrapoder a la formidable maquinaria mediática que tiene su sede ahí

Como hace cuarenta años con la (primera) descentralización, este proyecto político deberá desplegar una política mediática ajustada a sus intereses y necesidades si quiere tener éxito y sustanciarse de alguna manera. Todo proyecto político que quiera ser mínimamente viable debe desplegar una política mediática coherente con sus objetivos. Si se quiere construir un contrapoder político y económico en Madrid, será necesario construir un contrapoder a la formidable maquinaria mediática que tiene su sede ahí (y la mirada). Hace falta un sistema mediático multipolar -o al menos bipolar.

Tres cosas que hacer

Hacerlo no es fácil y requiere una estrategia clara, definida y sostenida en el tiempo. No surgirá de acciones improvisadas por actores públicos y/o privados que puntualmente puedan sacar adelante un proyecto aislado. Esto genera necesariamente una pregunta: ¿cuáles deben ser los objetivos de esta política mediática y quién tiene que trabajar para alcanzarlos? Una primera respuesta tentativa es que hay que hacer tres cosas.

Primero, fortalecer los medios propios (públicos y privados) de cada autonomía implicada y crear un sistema común mínimamente articulado. Hay que construir un espacio mediático. En los últimos años, la recentralización del estado se ha visto acompañada de un crecimiento del poder mediático instalado en Madrid, sobre todo de la cada vez más determinante industria audiovisual. La crisis del 2008, la de la Covid-19 y la del modelo de negocio de los medios han debilitado los sistemas subestatales. Hay que compensarlo: los medios expresan visiones del mundo y se necesitan medios que expresen esta visión periférica del mundo (o de España), no necesariamente de manera explícita o partidista.

Si se quiere construir una coalición de autonomías para plantear un nuevo modelo de estado, hace falta una coalición de medios de estos territorios

Pero también han debilitado los grandes actores españoles, que han reaccionado replegándose hacia Madrid y cerrando o reduciendo drásticamente redacciones y ediciones autonómicas. La prensa de Madrid es cada vez más madrileña, si es que era posible. Ahora sería el momento de aprovechar el espacio que dejan libre, como parecería que ha hecho La Vanguardia reforzando su redacción en Valencia y potenciando la edición autonómica. La Valencia de Ximo Puig, desde donde se pide con más fuerza este nuevo proyecto para España.

Si se quiere construir una coalición de autonomías para plantear un nuevo modelo de estado, hace falta una coalición de medios de estos territorios. Esto nunca se ha contemplado seriamente, desde la esfera política. Sí que se hizo desde la academia y desde una perspectiva nacionalista catalana: el proyecto de crear un espacio catalán de comunicación. Una especie de independencia comunicativa de los Países Catalanes, que tendrían un pleno control sobre la estructura de medios que opera sobre el dominio lingüístico. Reabrir el melón de las competencias sobre comunicación parece razonable, si se quiere redistribuir el poder en este ámbito.

Un primer paso, previsiblemente más fácil, es crear alianzas entre los medios públicos de estos territorios. Desde las coproducciones y las emisiones conjuntas (como ya se hace) hasta la creación de canales conjuntos con cobertura en todos los territorios. También se han de facilitar y estimular las alianzas en operadores privados. En sociedades de capitalismo avanzado, con un sector comunicativo muy liberalizado, no se puede construir una estrategia mediática sin los actores privados. Y aquí es donde aparecen dos grupos con mucho peso dentro de los territorios periféricos implicados en este proyecto: Godó y Prensa Ibérica. El primero es una institución en Cataluña y ha iniciado una política de expansión hacia el mercado español que lo ha convertido de momento en el líder de la prensa digital en España y que parece buscar invertir en grupos de comunicación con problemas económicos graves. El segundo ocupa posiciones de liderazgo en varios mercados y una notable presencia en una decena de comunidades autónomas. Mediapro, un actor más global, también podría jugar un papel desde la industria televisiva, aunque las pruebas con La Sexta hace 15 años no le salieron muy bien.

No se trata solo de dar cobertura y tener influencia en los territorios periféricos. El relato alternativo se hará presente en el centro

En 2021, sin embargo, una estrategia de comunicación no puede pasar solo por los llamados medios tradicionales. Es necesario disponer de contenidos en todas las redes y plataformas de distribución de contenido. Tu proyecto político-territorial debe estar presente en Youtube, Instagram, Twitch, Club House y lo que haya por venir. Hay que ayudar a creadores en estos ámbitos a crear una comunidad y mantenerla. Tampoco puede se puede obviar la creciente globalización del sistema mediático, donde multinacionales del streaming y las telecomunicaciones tienen un peso creciente en las prácticas mediáticas. Influir aquí es complicado teniendo las herramientas de un Estado o incluso las de la Unión Europea, así que este será necesariamente un punto muy débil de la estrategia a desplegar.

La segunda cosa que hay que hacer es conseguir proyectar el discurso mediático periférico al resto del Estado, especialmente en Madrid. No se trata solo de dar cobertura y tener influencia en los territorios periféricos. El relato alternativo hay que hacerlo presente en el centro. Hacen falta medios que influencien a las élites del Estado y también su ciudadanía, difundiendo una idea de país diferente de la que suelen construir los medios ubicados allí, muy madrileñocéntrica. De hecho, una de las características de esta formidable maquinaria son sus limitaciones para entender el país más allá ya no de la capital, sino de sus élites.

Esta debería ser la gran diferencia respecto de la primera descentralización: entonces, a lo largo de los años 80 y 90, se logró crear sistemas autonómicos en algún caso muy potentes. Pero no se logró crear un sistema español más diverso, multipolar: a pesar de algunos intentos, nunca ha surgido un gran grupo de comunicación de alcance español y con posición dominante en el mercado desde fuera de la M30. Ni siquiera RTVE, con centros de producción en varias comunidades, quiso jugar este papel con convencimiento y de manera duradera.

Y aquí es donde aparece el tercer paso necesario para crear un sistema mediático multipolar: hay que descentralizar la potente maquinaria madrileña; hay que sacarle potencia. Esto ocurre por dos vías, ambas difíciles. La primera es conseguir vía el capital privado que alguno de estos actores privados decida moverse fuera de la capital y adopte una mirada nueva. La segunda es la vía política: legislar para que las empresas tengan que mover activos y recursos fuera de Madrid y construir políticas que hagan atractivo invertir fuera de allí. Además, el estado dispone de RTVE, que podría jugar un papel importante: tiene sedes en todas las autonomías, pero además cuenta con un centro de producción en Sant Cugat con un potencial enorme que nunca se ha querido o ha sabido aprovechar -muy a menudo, por servidumbres políticas, precisamente.

Todo ello ha generado un círculo vicioso: como la industria audiovisual primigenia está ubicada en Madrid, el mejor lugar para crear nuevas empresas y productos es… Madrid

La experiencia histórica nos dice que sacar poder mediático en Madrid no es fácil, especialmente en el campo de la radio y la televisión. No se ha construido nunca una emisora ​​ni privada ni pública hecha desde ninguna otra gran ciudad. Cuando se creó La Sexta, corrió el rumor de que se podría instalar en Barcelona, ​​pero finalmente fue a donde ya había concentrada la mayor parte de la capacidad de producción y del talento. Pero es que legislación tampoco nunca ha ayudado: al crearse las televisiones privadas a finales de los ochenta, no se contempló la posibilidad de obligar a ubicar las sedes fuera de Madrid. Tampoco se permitió la creación de canales que no fueran de cobertura estatal. La ley del audiovisual de 2010, la última gran reforma del marco legal audiovisual español, no hizo nada para cambiar esto. La actual reforma en marcha tampoco lo hará.

Todo ello ha generado un círculo vicioso: como la industria audiovisual primigenia está ubicada en Madrid, el mejor lugar para crear nuevas empresas y productos es … Madrid. Se ha creado, a partir de decisiones políticas, un clúster audiovisual muy potente que, además, atrae las inversiones internacionales que llegan a España. Y que claramente tiene muy pocos incentivos económicos y empresariales en deshacerse o ni siquiera descentralizarse. Solo el estado central lo puede hacer, y hasta cierto punto, imponer.

No será nada fácil

Una estrategia como la esbozada aquí no es nada fácil de llevar a cabo. Requiere la concertación de múltiples actores políticos (el estado central y las autonomías implicadas) y actores privados, que legítimamente tienen intereses propios que pueden incluso chocar frontalmente con este proyecto.

Por un, hace falta voluntad política para modificar una dimensión muy delicada y formalmente imbricada con el partidismo: la comunicación. El Gobierno no tiene incentivos claros para hacerlo y probablemente solo se movería si es arrastrado por los actores periféricos: es abrir un melón con potencial para crear muchos problemas. Esto con el actual equilibrio de fuerzas en el Congreso. Hoy por hoy no parece que se disponga de suficiente fuerza política. A su vez, trabajar concertadamente en el diseño del sistema mediático español se ha dado muy pocas veces en los últimos cuarenta años, donde lo más tradicional ha sido el enfrentamiento estado-autonomías y también entre comunidades.

A nivel de las autonomías implicadas, la historia no nos hace ser muy optimistas. Si ya ha costado poner de acuerdo comunidades con afinidades lingüísticas y culturales, como no debe costar enajenar los intereses de una coalición que puede influir Aragón o, en algunas formulaciones, también Murcia. Solo hay que ver los problemas que vive la reciprocidad de las emisiones de las televisiones autonómicas entre Cataluña, Islas Baleares y Valencia, aunque los últimos meses parece haber claras mejoras en la colaboración entre estos operadores. Todo ello en un momento en que Cataluña está inmersa en la resaca postproceso y solo el País Valenciano y muy tímidamente las Islas Baleares parecen apostar por abrir el melón territorial.

Por otra parte, se pide a actores privados con intereses propios bien legítimos que se impliquen en un proyecto político para reformular el Estado. Un nuevo modelo que puede estar en contra no solo de sus intereses económicos sino también de sus posicionamientos políticos -y las servidumbres que generan. Además, los movimientos empresariales que afectan a varias comunidades autónomas siempre son delicados, ya que levantan susceptibilidades. Aquí los desequilibrios entre sistemas mediáticos autonómicos pueden acabar actuando como freno.

Ahora bien, si se quiere sacar adelante una redistribución territorial del poder en España, la reordenación del sistema mediático es necesaria. Un proyecto político de base territorial no será viable a largo plazo si no dispone de una red de comunicación que le ayude a sustanciarse, a hacerse presente sobre el terreno. Quizás no es el primer paso que se debe dar y nada me garantiza el éxito, pero una España multipolar solo será posible si su sistema mediático también lo es.