Catalunya y la gobernabilidad del Estado

Cesáreo Rodríguez-Aguilera
Es profesor de Ciència Política en la Universitat de Barcelona. Es autor de "El déficit democrático europeo. Las respuestas de los partidos en las elecciones de 2014".

Desde 1978 hasta 2010, la estrategia mayoritaria del catalanismo político fue la del intervencionismo en la gobernabilidad de España. Al tratarse de un movimiento ideológico transversal, incluyó desde modalidades indirectas (CiU, como opción favorable al autonomismo diferencial y al apoyo parlamentario externo) hasta directas (el PSC, vagamente federalista y, dado el caso, con ministros en los gobiernos centrales) y ni siquiera ERC (que optó por el independentismo como objetivo a largo plazo) se desentendió de ello (apoyó parlamentariamente al primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004). Durante los largos mandatos de Jordi Pujol, CiU alcanzó su máxima influencia en política española en 1993 (apoyo parlamentario al PSOE de González) y aún más en 1996 (acuerdo parlamentario más detallado con el PP de Aznar). A su vez, el PSC tuvo nada menos que a un vicepresidente del gobierno central con González (Serra) o a una ministra de defensa con Zapatero (Chacón).

Todo esto permanece trastocado desde el 2010 por el procés independentista, que ha acabado de marginar al tradicional catalanismo intervencionista, reducido al PSC y a los pequeños partidos de Ramón Espadaler o Antoni Fernández Teixidó. Esto es así puesto que casi todos los nacionalistas catalanes se han pasado en bloque al independentismo, a la vez que ha surgido una potente fuerza españolista, Ciudadanos (primer partido en el Parlament), que está manifiestamente en contra del catalanismo político en general y aún más contra el independentismo, su principal razón de ser.

En esta coyuntura, ERC y el PDECat actúan en las Cortes como partidos tribunicios, de denuncia, ya no pactistas, pese a ocasionales vaivenes del primero y a los esfuerzos de algunos pragmáticos del segundo (como, por ejemplo, Pascal o Campuzano) que acabarían marginados. La pugna entre ERC y Puigdemont complica mucho el panorama, al margen de que el proceso judicial ante el Tribunal Supremo y dos importantes convocatorias electorales a la vista no faciliten en absoluto el desbloqueo.

¿Interesa la gobernabilidad?

La gobernabilidad de España parece no importar en exceso al grueso del independentismo, posicionado entre el “cuanto peor, mejor” (Puigdemont) y un listón inicial tan alto que hace imposible por irreal cualquier negociación viable (“o autodeterminación o nada”). En suma, los sectores pragmáticos de ERC y el PDCat parecen tener grandes dificultades para imponer estrategias factibles y, en este sentido, la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy fue una excepción. Ni qué decir tiene que la tercera pata del independentismo, la CUP, no tiene el menor interés en la gobernabilidad de España (en realidad, todo lo contrario), puesto que como partido radical antisistema su objetivo es doble: conseguir de forma rupturista la independencia y destruir el “régimen del 78”, todo muy congruente con su estrategia de no haber participado nunca en elecciones generales españolas, aunque ahora uno de sus integrantes (Poble Lliure) haya optado por hacerlo.

La pinza entre independentismo irreal y españolismo retrógrado desencadena una dinámica bipolarizada inútil y perjudicial

La posición híbrida de los comunes es la más ambigua y confusa en vista de la incongruencia estructural –desde sus orígenes partidistas– que significa pretender incluir a independentistas, confederalistas y federalistas. Las contradicciones internas que una amalgama tan disfuncional como esa provocan han acabado con algunas escisiones (Alamany, Nuet). Por su parte, en el campo explícitamente antiindependentista, Cs y el PP no ofrecen salida política alguna al actual impás; es más, sus únicas propuestas para Catalunya –de naturaleza reactiva– son nada menos que una suspensión dura e indefinida de la autonomía, y ello con carácter pretendidamente preventivo y hasta ejemplarizante: un sinsentido jurídico y político.

El PSC se ha quedado prácticamente solo como heredero de la tradición del catalanismo pactista favorable a intervenir en la gobernabilidad de España y a un autogobierno mejorado. Sin embargo, el PSC no está sabiendo hacer una eficaz pedagogía sobre su propuesta federalista, que pocos ciudadanos conocen bien. El PSC falla en la comunicación de su mensaje de fondo (aparte de usarlo poco) –que es potencialmente desbloqueador, pero carece de fuerza suficiente–. Por si faltaba algo, el PSC no parece querer presionar mucho al PSOE en esa dirección para no perjudicar a Pedro Sánchez (que tampoco cuenta con plena unanimidad interna al respecto) ante los desaforados ataques de las tres derechas a propósito de la unidad de España que supuestamente él amenaza hoy. Se ha creado una dinámica muy polarizada que vuelve imposibles actualmente fórmulas transaccionales intermedias, de modo tal que las opciones de tercera vía cuentan con escasa fuerza.

Democracias iliberales

Otra de las consecuencias muy negativas del procés ha sido el casi imperceptible deslizamiento objetivo del independentismo hacia las tesis de lo que se conoce como democracias iliberales: la contraposición entre democracia (superior) y legalidad (subordinada) es aberrante porque son dos caras indisociables de todo sistema genuinamente pluralista y garantista. Colocar la supuesta voluntad popular (siempre circunstancial) por encima de las reglas procedimentales formales da como resultado gobiernos tan poco recomendables como los de Putin, Erdogan, Orbán, Kaczynski o Maduro.

El principal problema político hoy insoluble es que el bloqueo en Catalunya y en el conjunto de España vuelve imposible abordar la más que necesaria reforma constitucional, una asignatura aún no superada en nuestra historia. Pese a ser a largo plazo la solución más razonable, las estrategias de casi todos los partidos la impiden por completo: la reforma constitucional no interesa a los independentistas y el PP y Cs se oponen (es más, de aceptarla sería para restringir el actual autogobierno territorial). El PSC es el partido, en principio, más interesado en ella, pero el PSOE ya no menciona la plurinacionalidad ni el federalismo. Solo circunstancialmente, Sánchez se muestra favorable a un nuevo Estatut para Catalunya, pero esta vía está agotada porque, sin reformar la Constitución, es poco menos que imposible ampliar significativamente el nivel de autonomía del texto del 2005.

Quizás el PSC podría tener mayores expectativas electorales si subrayase su vocación de representar lo mejor de la tradición histórica del catalanismo político leal a una España plural y favorable a un mayor autogobierno territorial. Sin embargo, la pinza de un independentismo enquistado en posiciones irreales y anacrónicas y un españolismo retrógrado y recentralizador ha desencadenado una dinámica bipolarizada inútil y perjudicial. Habrá que ver si los significativos sectores pragmáticos de los dos espectros abandonan progresivamente posiciones inamovibles y dan paso a opciones más viables para la reorganización del Estado y del autogobierno catalán.

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