La guerra cultural como causa primera

Pablo Muñoz (1988) es graduado en Filosofía. Trabaja en la administración pública y colabora en la Cadena SER y, a veces, en revistas como CTXT.

Seguro que hemos sentido el diagnóstico hasta el punto de que resulta ya un tópico del todo familiar. ¿Si la discusión política gira en torno a posiciones inamovibles, y lo que se hace es la llamada guerra cultural, donde se exaltan ciertos rasgos identitarios, cómo será posible un futuro más próspero y consensuado? ¿A base de exaltar la moralidad virtuosa de unos frente a otros, cómo habrá un terreno común donde decidir las grandes cuestiones del presente? Dicho así, parece que la política cultural es la causa de todos nuestros males, una especie de monstruo que deberíamos eliminar.

¿Pero qué significa este término, importado de la teoría política norteamericana? Podemos definirla como una forma de conflicto donde se exaltan las creencias o valores de un grupo determinado para conseguir victorias políticas sobre sus adversarios, normalmente dibujados como malvados o peligrosos. El politólogo James Davison Hunter las detectaba a las demandas de grupos partidarios del aborto o de las minorías sexuales que batallaban por el reconocimiento jurídico.

¿Si toda política pasa porque unos reclamen a los otros una aceptación incondicional de los valores ajenos, cómo formar grandes pactos? ¿No sería, pues, una degeneración sesgada de la gestión de los asuntos públicos?

En su ensayo La Guerra Cultural y la división sagrada/secular, Hunter dibuja un panorama pesimista. Dice que el mundo actual vive en un pluralismo frágil hecho de consensos muy débiles. En nuestras sociedades hay dos niveles pluralismo. El primero es aquel donde se aceptan las diferencias porque hay unas bases comunes y epistemológicas que hacen de las diferencias algo mínimo. En cambio, en el segundo nivel de pluralismo es donde se definen los límites de lo que permitimos o toleramos y se señalan ciertas diferencias como intolerables o perjudiciales. Este sería el nivel donde se entregan las guerras culturales porque solo existen cuando un grupo considera absolutamente inaceptables las diferencias con otro grupo.

La pregunta se hace más clara. ¿Si toda política pasa porque unos reclamen a los otros una aceptación incondicional de los valores ajenos, cómo formar grandes pactos? ¿No sería, pues, una degeneración sesgada de la gestión de los asuntos públicos? Para Hunter, la guerra cultural se aprovecha de la fragilidad del pluralismo y, a la vez, esconde una inercia muy poco democrática. Las sutilezas de la vida democrática se pierden en medio de una retórica grosera y extrema que solo disimula una erosión de los espacios comunes.

La llamada guerra cultural no se opone a un modelo democrático más transaccional. Al contrario, este es consecuencia de una.

El argumento parece intuitivo. También es muy melancólico porque muestra una sociedad condenada a deshacerse en sus discrepancias. Pero aquí hay un problema. El argumento presupone que hay una versión objetiva de la política. O por decirlo con Hunter, que existe una de razonable y compleja. Una digamos buena frente a una mala. Y esto no es del todo cierto. Seguro que hay políticas malas de todo tipo, pero en una democracia liberal es mucho más cierto que no hay solo una, de virtuosa, y que precisamente poder probar muchas es la gran oportunidad que ofrece.

Dicho más sencillamente: la política consiste en escoger los fines después de una deliberación de grupos sociales variados. El conflicto político democrático comienza cuando estos fines se pueden discutir porque se garantiza un procedimiento para hacerlo de manera clara y aceptable.

Pero visto así el conflicto parecería resuelto en clave teórica. Y podríamos considerar que toda guerra cultural es deseable (o inevitable) y que la política siempre es esta fiesta donde nuestros representantes solo se ocupan de satisfacer consignas. Volveríamos a la posición melancólica de Hunter por la vía de los hechos consumados y algo resignados.

De hecho, nadie ha defendido mejor esta forma de conflicto que Chantal Mouffe, una teórica reivindicada por muchos partidos de izquierda alternativos. Ella define la política del consenso como algo que se opone a la versión sana de la democracia, que llama agonista. Cuando los políticos progresistas abrazaban un cierto consenso en la economía y se limitaban a ciertos gestos progresistas, como en los años noventa, la discusión pública se vaciaba de antagonismo. Por lo tanto, la ciudadanía salía perdiendo porque, en realidad, perdía la fuerza poderosa del pluralismo.

Dicho en pocas palabras: no tenemos que acabar con la guerra cultural. Hacerlo implicaría abrazar una elección de fines opaca, donde una cierta y autoritaria tecnocracia se legitimara bajo la dogmática apariencia de “verdad incuestionable”

La democracia es más viva, según Mouffe, cuando es más disputada (sin violencia, claro). Los partidos se pelean por el significado de ciertas palabras, como por ejemplo «igualdad», y por resignificarlas según su interés. Hay, pues, que conquistar la hegemonía. Por hegemonía, Mouffe entiende una especie de sentido común que tiene un gran alcance. Va desde la opinión pública hasta todo tipo de imaginación compartida en cualquier medio de comunicación de masas. Sin disputa, todo muere.

Es muy fácil tener problemas, con esta visión. Al menos hay dos intuiciones que Mouffe no contempla a su obra. La primera es que una política apasionada se puede asimilar muy fácilmente al marketing, como decía la escritora Belén Gopegui. Y la segunda es que ofrecer razones persuasivas no implica ofrecer buenas razones y estas tienen un peso convincente en los asuntos públicos. Pero allí donde Mouffe peca de exceso, los melancólicos como Hunter lo hacen de ingenuos y autoritarios vez. La discusión sobre los fines no presupone ninguna en concreto: solo abre la posibilidad de elegir.

La llamada guerra cultural no se opone a un modelo democrático más transaccional. Al contrario, este es consecuencia de una. Pongamos por caso, Alemania. Es del todo cierto que democristianos y socialdemócratas gobiernan juntos. Y es conocido por todos que este modelo no parece basarse en una discusión cruda. Pero esto no es exacto. En primer lugar, la extrema derecha y la izquierda alternativa disputan la gestión de gobierno. Y, de hecho, el ejemplo de Angela Merkel prueba como ha librado con éxito una serie de guerras culturales. Entre las más recientes, su victoria en la crisis de los refugiados ante el auge de partidos ecofascistas y xenófobos como la Alternativa para Alemania.

Dicho en pocas palabras: no tenemos que acabar con la guerra cultural. Hacerlo implicaría abrazar una elección de fines opaca, donde una cierta y autoritaria tecnocracia se legitimara bajo la dogmática apariencia de «verdad incuestionable». Si tenemos que superar un escenario de desaciertos, lo que tenemos que hacer es elegir y discutir fines mejores. ¿Pero cuáles serían estos fines mejores? ¿Y cómo se aplicarían al caso español? De hecho, el caso alemán no es un mal ejemplo.

En medio de un desastre natural sin precedentes como la epidemia de la Covid-19, parece deseable un gran consenso que rescate las bases del estado del bienestar. Hay al menos tres ideologías que no son nada incompatibles. Se trata del viejo eurocomunismo, la democracia cristiana y la socialdemocracia, que en el caso español pudieron construir fines mejores cuando la situación era francamente adversa. Estas tradiciones pueden encontrar acuerdos sobre el papel del estado, el mercado laboral o la protección de los más vulnerables porque, de hecho, en sus propios (y variados) programas electorales ya coinciden fuerza. Habría, claro, defenderlo.

Pero esta defensa será en definitiva un conjunto de creencias que buscan representar una parte de la ciudadanía y que podrán ser libremente disputadas como extremas por otra. De hecho, esto es una guerra cultural. Sea cual sea tu bando, lo más necesario ahora es entregar estas guerras con toda la inteligencia y no mera grosería.

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