La segregación urbana: ¿Cómo hacerle frente?

¿Qué es la segregación urbana?

El incremento de las desigualdades sociales no es un fenómeno exclusivo de Cataluña, sino que es evidente en el conjunto de las ciudades europeas. Además, las desigualdades sociales tienen también una expresión territorial, que llamamos segregación urbana. Es el resultado de la separación de los grupos sociales en el espacio urbano dependiendo de sus características sociales o capacidades económicas. Es decir, las diferencias de precios de las viviendas, pero también de la calidad urbana de los diferentes barrios, se convierten en los filtros a través de los cuales las personas pueden elegir el lugar donde vivir. Así, los grupos sociales con menos recursos terminan agrupándose en aquellas áreas urbanas con precios del suelo más bajos y donde la calidad de vida es menor, mientras que los grupos más acomodados tienen más capacidad de poder elegir donde vivir y, por tanto, pueden ubicarse en aquellos barrios con más servicios y mayor calidad urbana. Este proceso de separación entre los grupos sociales y de concentración en unas determinadas áreas se produce a partir de la renta de las familias. En el municipio de Barcelona la renta familiar disponible del barrio más acomodado es seis veces más alta que la del barrio más desfavorecido.

En aquellas áreas urbanas extensas donde los núcleos de población tienen una fuerte interdependencia en términos sociales, funcionales y económicos, la separación de los grupos sociales no sólo se produce a nivel de barrio, sino que lo hace en determinados municipios

Este no es un fenómeno nuevo. Varios estudios han evidenciado como la segregación urbana es estructural en nuestras ciudades y antecede a la crisis económica de 2008. Concretamente, la investigación Barrios y Crisis evidenció que, a partir de la explosión de la burbuja inmobiliaria, la tendencia a la separación de los grupos sociales en el territorio tendió a acentuarse. Es decir, el número de áreas urbanas con niveles extremos de segregación aumentaron, pero además (y a diferencia de lo que se suele pensar) lo hicieron tanto en las áreas desfavorecidas como, aún más, en las acomodadas.

Este proceso de separación se observa especialmente en los entornos metropolitanos. En aquellas áreas urbanas extensas donde los núcleos de población tienen una fuerte interdependencia en términos sociales, funcionales y económicos, la separación de los grupos sociales no sólo se produce a nivel de barrio, sino que lo hace en determinados municipios. En este sentido, se produce una concentración de la población con mayores necesidades sociales y dificultades económicas en aquellos municipios con mayores déficits urbanísticos y con viviendas de menor calidad, pero a la vez (y paradójicamente) con menores recursos para poderles hacer frente.

Estos procesos en la región metropolitana de Barcelona se han hecho evidentes tanto en Barcelona como en gran parte de las ciudades medianas como Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, Vilafranca del Penedès o Vilanova i la Geltrú. La segregación de los barrios vulnerables en el área central de Barcelona se produce en las áreas urbanas situadas en el Llobregat y especialmente entorno al río Besòs. En cambio, las ciudades medias del arco metropolitano actualmente acogen a buena parte de la población vulnerable de la región metropolitana mientras que los grupos sociales jóvenes y con rentas más altas tienden a desplazarse a los municipios de su entorno más cercano. Por poner algunos ejemplos: Matadepera y Ullastrell para con Terrassa, Bellaterra, Castellar del Vallès y Sant Quirze del Vallès respecto de Sabadell; Parets del Vallès, Lliçà de Vall, la Ametlla del Vallès y La Garriga, en el caso de Granollers.

En definitiva, se constata que el contexto urbano se convierte en una barrera para la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y este fenómeno supone varios retos para las políticas urbanas.

¿Cómo hacer frente a la segregación?

A lo largo de las últimas décadas, desde los poderes públicos se han desplegado políticas de rehabilitación urbana con el objetivo de mejorar las dotaciones y apaciguar las deficiencias. Ya desde los primeros ayuntamientos democráticos, a inicios de los años ochenta, los esfuerzos se concentraron en hacer frente a los déficits urbanos heredados de la Dictadura, ya fuera en los servicios básicos como en la baja calidad y las carencias de equipamientos y zonas verdes, tan reivindicados por los movimientos vecinales. El urbanismo era percibido como un instrumento de redistribución social y equidad territorial más que de beneficio privado. A inicios del siglo XXI la Ley de barrios aprobada por el gobierno Tripartito quería dar un paso más en el desarrollo de políticas de rehabilitación en los barrios más necesitados. El programa, que benefició 141 barrios de Cataluña con un fondo total de más de 1.300 millones de euros, preveía el despliegue de proyectos de intervención integral. Sin embargo, las actuaciones de carácter urbanístico fueron predominantes.

El fenómeno metropolitano de la segregación requiere políticas urbanas de carácter supramunicipal que afronten las dinámicas territoriales en la escala que se producen

En esta línea, el año 2016 el Ayuntamiento de Barcelona desplegó el Plan de Barrios, con una inversión de 150 millones de euros en dieciséis barrios de la ciudad a lo largo de cuatro años. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en los barrios más vulnerables, se inspiraba en la Ley de barrios con la voluntad de aprender de las limitaciones experimentadas. Así, se ponía una mayor atención en las políticas de carácter social: el 62% de las actuaciones corresponden a los ámbitos de Derechos Sociales y Educación, que cuentan con el 39% de los recursos totales. Asimismo, la implicación de la ciudadanía se ha convertido en un eje vertebrador del plan, no solo en las fases de diseño sino también en la misma gestión.

La trayectoria de las políticas desplegadas, sin embargo, nos evidencia que, si bien se ha avanzado en desarrollar programas cada vez más integrales, aún quedan algunas cuestiones pendientes. La lucha contra las causas y los efectos de la segregación no puede pasar por políticas locales y/o sectoriales. El fenómeno metropolitano de la segregación requiere políticas urbanas de carácter supramunicipal que afronten las dinámicas territoriales en la escala que se producen. En este sentido, la creación de un plan de barrios metropolitano, el desarrollo de una política de vivienda pública firme y a nivel del sistema urbano, la reformulación del sistema de financiación local o de una política de precios del suelo más equilibrada son acciones que deberían estar en la agenda de los poderes públicos.