Un Pacto contra la injusticia educativa
La segregación escolar ha aumentado prácticamente en todas las ciudades europeas durante los últimos años, y en algunos casos de manera acelerada. La interacción de varios factores ha generado unas dinámicas de escolarización que han favorecido la concentración de grupos socialmente homogéneos –tanto en las fracciones sociales altas como bajas de la estructura social- en los centros escolares.
Entre las causas de este incremento se debe señalar evidentemente el aumento de la segregación residencial, que con la crisis económica ha crecido notablemente. Igual o incluso más importante, sin embargo, son los factores que tienen que ver con los sistemas de provisión y con los modelos de política educativa de los diferentes países. Un informe reciente de la OCDE destaca, por ejemplo, que aquellos sistemas que basan menos la asignación de centro escolar en criterios residenciales son los que presentan índices de segregación socioeconómica y académica más elevados, o que los sistemas que favorecen la competencia entre centros para la atracción de estudiantes son también los que presentan los niveles más altos de segregación escolar.
Responsabilidades políticas
Junto a los factores urbanos y de modelos de provisión educativa, hay que observar también qué instrumentos activan los diferentes gobiernos nacionales, regionales o locales a la hora de combatir la segregación escolar. Las medidas aquí también son diversas. Mientras que desde los años sesenta EE.UU. puso en marcha políticas de busing para asegurar el equilibrio en la escolarización entre distritos con composición social y étnica muy desigual, en las sociedades europeas los intentos de conseguir una escolarización más equilibrada sobre todo se han perseguido a través de la política educativa.
Por una parte, hay sistemas en los que se prioriza la asignación de centro escolar por proximidad –Francia, Noruega- mientras que otros permiten niveles más elevados de elección escolar a las familias –Inglaterra, España, Italia, Holanda–. Por otra parte, hay sistemas que buscan sobre todo igualar las condiciones de provisión de la oferta educativa para reducir el efecto potencialmente segregador de la elección –Finlandia-, los hay que otorgan mucha autonomía a los centros escolares y al mismo tiempo intentan incentivarlos con recursos suplementarios para atraer estudiantes socialmente desfavorecidos –Inglaterra-, y los hay que no hacen nada de lo dicho –Bélgica, Holanda.
Otro gran capítulo de diferenciación entre políticas educativas se observa en el carácter más o menos integrador de los itinerarios escolares dentro de los sistemas. Mientras que los sistemas de tronco curricular común pueden asegurar niveles más elevados de mezcla social y académica en las escuelas –España, Finlandia, Francia-, los sistemas que practican el tracking desde edades tempranas generan una elevada segregación académica y social (Bélgica, Holanda, Alemania, Austria).
Finalmente, no debe olvidarse que los propios centros escolares juegan un papel importante en los procesos de segregación escolar. La discriminación activa, la pasividad, la búsqueda de exclusividad o la indiferencia son actitudes que, en uno u otro, pueden facilitar o dificultar las dinámicas de segregación. La determinación con la que los poderes públicos actúan evitando la selección adversa también es un elemento que diferencia los sistemas educativos y que puede conducir a niveles más o menos elevados de segregación escolar por la vía de la selección del alumnado.
El aumento o estancamiento de la segregación escolar en la mayoría de países europeos de los últimos años evidencia, en todo caso, que las políticas desplegadas por los gobiernos han sido tímidas o ineficientes. Hemos asistido sobre todo a medidas que han reforzado la capacidad de elección de centro por parte de las familias y que han tendido a reforzar la polarización social y académica.
La situación de Catalunya
En Catalunya la situación no es particularmente exitosa. Dos informes del Síndic de Greuges sobre la situación de la segregación escolar en Catalunya publicados en 2008 y 2016 nos muestran una situación preocupante con respecto a las desigualdades en la escolarización del alumnado extranjero. Estos informes evidencian que, en el marco normativo actual, los márgenes de actuación política que pueden desplegarse para reducir la segregación escolar no son pocos y sí ampliamente desperdiciados. La pasividad del Departament d’Ensenyament en este ámbito ha sido evidente, lo demuestra el hecho que de las medidas que propone el último informe del Síndic prácticamente un 80% son políticas de competencia autonómica (y no local).
La reproducción de la segregación escolar se ha producido más por omisión que por acción. La ausencia de sistemas adecuados de detección del alumnado con necesidades específicas de escolarización, la falta de medidas que obliguen a los centros a aumentar las plazas reservadas para este alumnado, una planificación educativa más basada en el seguimiento de la demanda que en la satisfacción de necesidades educativas, decisiones sobre las ratios escolares que han sido sobre todo respuestas a presiones de familias, la falta de control sobre algunas cuotas abusivas de algunos centros concertados o la ausencia de control del fraude en el proceso de preinscripción escolar, son algunas de las omisiones más chaladas de la política educativa autonómica.
Al lado de esta notable inacción, hemos observado cómo algunos municipios han tenido la valentía política de enfrentar el problema y desplegar medidas –no siempre populares- con el fin de reducir la desigualdad educativa. Curiosamente, en los casos de más determinación municipal al desplegar políticas de desagregación, normalmente los ayuntamientos han tenido al Departament como aliado y la corresponsabilidad ha facilitado la adopción de medidas: nuevas zonificaciones escolares, cambios en la reserva de plazas, criterios de distribución de la matrícula viva, etc.
El nuevo Pacte contra la segregació escolar impulsado desde el Síndic de Greuges y apoyado por la mayoría de actores de la comunidad educativa y por los poderes públicos es una oportunidad para corregir lo que no se ha hecho durante años. Para que el Pacte tenga éxito sin duda es necesario aumentar el termómetro de valentía política de las administraciones. Evidentemente, hay que lograr el máximo consenso entre los diferentes actores de la comunidad educativa, pero hace falta también que la hoja de ruta distinga entre derechos y privilegios y poner el principio de interés público por encima de todo. La igualdad de oportunidades educativas se convierte en una falacia si no va acompañada de la igualdad en las condiciones de escolarización y aprendizaje, y la segregación escolar es un lastre generador de injusticia educativa. Hay margen pues, pero hay que activarlo de manera decidida. Y eso sí que no puede esperar.