Un sector público reformado, ágil y tractor

Hace ya unos años que trabajo en la gestión cultural y este debería haber sido mi ámbito lógico dentro del Grupo de trabajo de Catalunya 2022. Sin embargo, y a medida que los encuentros iban redefiniendo espacios de conversación, objetivos y propuestas, Genís Roca y Victoria Alsina me propusieron que coordinara el ámbito de la Administración pública: no lo dudé. Dejaba el ámbito cultural en manos expertas y yo, que soy gestora cultural dentro del Sector Público, consideré que este aspecto era también tan relevante dentro de mi día a día profesional como la cultura y que, desde aquí, sería desde donde mejor podría servir al Grupo.

Esta reforma, que debe ser amplia, estructurada y adaptada a las necesidades de nuestra sociedad, no puede volver a caerse de la agenda

La reforma de la Administración es un proyecto que hace muchos años (y varias legislaturas) que está encima de la mesa. Y está allí tanto en Cataluña como en otras comunidades autónomas, en España en general y también en otros países. No quiero repetir diagnósticos ni estudios que otros compañeros con más conocimientos han ido haciendo los últimos años; tampoco quiero hablar del impacto de la contratación pública en el PIB o de si sobran o faltan (que realmente faltan) trabajadores públicos. Si una publicación como esta me brinda esta oportunidad, lo que quiero es aprovecharla para transmitir a los ciudadanos que la reforma (o como le queramos decir) del Sector Público es inaplazable si queremos subir al tren de la prosperidad. Y lo es porque de eso, de construir la Administración del siglo XXI, depende que todos podamos disfrutar de unos servicios públicos a la altura de las expectativas y de las necesidades de una sociedad avanzada, solidaria, respetuosa y sostenible.

No nos encontramos ante una cuestión endogámica, que importa o impacta en unos pocos, sino todo lo contrario. Todos los servicios públicos, estén prestados o no a través de la Administración, están implicados. Cosas tan cotidianas como la renovación del carné de familia numerosa o tan indispensables como recibir a tiempo ayudas o subvenciones. O la contratación de investigadores que ahora tienen que irse a otros países. Si lo pensáis, rápidamente os saldrá una lista bien larga.

Esta reforma, que debe ser amplia, estructurada y adaptada a las necesidades de nuestra sociedad, no puede volver a caerse de la agenda. Los que conocemos el tema, aunque sea de reojo, somos conscientes de su complejidad, de la valentía que deberán tener los responsables políticos que la lleven a cabo y de los obstáculos que se deberán ir superando. Serán necesarios acuerdos políticos y acuerdos sociales, serán necesarios cambios legislativos, será necesario que las diferentes administraciones trabajen juntas. Y será necesario presupuesto.

Centrémonos en el resultado y no en el trámite, desterremos la burocracia propia de hace dos siglos, digitalicemos con seguridad, y, sobre todo, confiemos en él

Cuando nuevamente esta cuestión se ponga encima de la mesa de la Generalitat, sería bueno que todas las propuestas que se hicieran, pasaran por el tamiz del valor público que realmente aportan a los ciudadanos, a la sociedad. Si la propuesta complica el trámite o lo dificulta, es mejor que no esté. Si la propuesta es una nueva ley para quedar bien, pero que en la práctica es un papel más a rellenar por el trabajador público, repensémosla otra vez. Centrémonos en el resultado y no en el trámite, desterremos la burocracia propia de hace dos siglos, digitalicemos con seguridad, y, sobre todo, confiemos en él. Quizás soy demasiado atrevida, pero creo que la confianza es la clave del éxito. Confiemos en que la información que nos dan a los ciudadanos es cierta, intentemos no dibujar procesos que faciliten la tarea a la Administración y la compliquen a los ciudadanos. Pero demos seguridad también a los trabajadores públicos para que puedan desarrollar su trabajo sin temor a terminar en un tribunal por falta de un informe hecho, simplemente, para cubrir el expediente. Los casos de corrupción vividos y sufridos en los últimos años han existido, pero no son la norma. La norma es la honestidad y la profesionalidad, y es por eso que la mejor manera para evitar las malas praxis son sistemas de control mejor diseñados que evalúen lo que es importante y no lo accesorio.

En una sociedad exigente con sus derechos, y con la calidad de los servicios que la Administración le debe garantizar, los modelos de colaboración son indispensables

Y ahora tocaría hablar de aquel tema espinoso, cargado de ideología y fundamental: la colaboración público-privada (CPP). La CPP es una manera de prestar servicios públicos mediante el conocimiento experto de empresas o instituciones sin ánimo de lucro. No es dar dinero público sin control a los privados para que saquen réditos económicos. En una sociedad exigente con sus derechos, y con la calidad de los servicios que la Administración le debe garantizar, los modelos de colaboración son indispensables. Pero no olvidemos que hablamos de servicios públicos, y eso quiere decir que el interés general y el valor público deben ser el centro. Modifiquemos los tipos de contratos y los indicadores, definamos bien los resultados que queremos obtener, asegurémonos de que estos resultados son los realmente necesarios y no los más evidentes o fáciles de cuantificar. Un ejemplo prestado de un compañero: «¿Y si el indicador de los contratos de la Unión Europea para la adquisición de vacunas hubiera sido el pago por vacuna pinchazo y no por vacuna suministrada? ¿Si las farmacéuticas hubiesen tenido interés en el éxito de la campaña de vacunación, habría habido retrasos?».

Y ya para terminar, pero no por ello menos importante, trabajar al servicio de los ciudadanos puede ser estimulante y profesionalmente muy gratificante. La inmensa mayoría de los trabajadores públicos lo son por vocación, aunque a menudo derrochan demasiado su tiempo y sus esfuerzos en tareas propias de tiempos pasados. Busquemos formas más eficientes para los trámites y demos a las personas los trabajos no mecanizables. La seguridad jurídica, importantísima en nuestro sistema, no puede ser un palo en las ruedas para avanzar. Como en toda organización, la parte más importante del Sector Público son las personas y es por eso que necesitamos que las más formadas, las más capaces para liderar, quieran y puedan entrar en el equipo. Los jóvenes, los que han hecho carrera fuera de la Administración, los que quieren dedicar un tiempo de sus vidas profesionales, los más innovadores, los mejores. Trabajar en el Sector Público no puede ser valorado únicamente por la seguridad de un puesto de trabajo, aunque ya hace mucho que la extrema precariedad también se ha instaurado dentro de la Administración. Trabajar en el Sector Público debe encontrarse entre las preferencias de aquellos que tienen su máxima en la vocación de servicio. Hay que reformar el sistema de acceso para hacerlo posible.

Necesitamos un Sector Público del que sentirnos orgullosos, como lo estamos del funcionamiento del sistema de vacunación. Podemos empezar con planes piloto, pero dejar pasar el tren no es una opción.