Japón como laboratorio

Asistente de temes asiáticos del CIDOB, donde es uno de los coordinadores del Anuario Internacional. Sus principales temas de interés son la política comparada y el análisis de conflictos.

Ahora que la generación de los baby boomers, nacida después de la Segunda Guerra Mundial, llega a la edad de la jubilación, es un buen momento para mirar hacia Japón: la sociedad más envejecida del mundo. Allí uno de cada cuatro ciudadanos ya tiene más 65 años (28,5%) y las previsiones apuntan que en el 2049 la tercera edad podría ascender al 35% de la población.

Durante el último medio siglo, por una parte, la esperanza de vida de los japoneses ha aumentado de 72 a 84 años. Por otra y por varios factores -el cambio del estilo de vida y de los roles familiares, la posposición de las bodas o la creciente inseguridad económica y laboral de los jóvenes-, la tasa de fertilidad ha caído hasta el 1,2 hijos por mujer, un dato que está muy por debajo de los 2,1 de la tasa de sustitución que mantiene estable la población natural. Es la combinación de ambos factores lo que explica la actual crisis de las sociedades envejecidas -también las europeas como Catalunya-. Esta dinámica, ada vez más global, en Japón queda acotada por condicionantes autóctonos (como la historia, la tradición, cultura, la geografía o el sistema político). De seguir el curso actual, las previsiones pronostican que la población de Japón caerá de manera significativa. Desde los 128 millones de personas en 2010 a 52 millones en 2100. Eso, naturalmente, abre la puerta a una serie de retos para el futuro del país.

Gasto en salud

Preocupa especialmente la sostenibilidad fiscal y en particular el gasto generado en salud, que aumenta en edades adelantadas e implica una mayor demanda de personal médico (un 30% más en 2025) y de asistencia social (en 2025 un 50% más con respecto a 2013). En Japón, todo residente está obligado a estar cubierto por un seguro de salud, ya sea el pública -el seguro nacional de salud— o el corporativo, contratada por la empresa. En ambos casos se contempla el copago, si bien el seguro público éste está segmentado por tramos de edad y de renta y se financia del presupuesto del Estado.

El gasto no se limita al bienestar físico; avanzamos hacia sociedades con población más anciana y aislada, con mayor problemática social y menos ahorros y menos infraestructuras a su alcance. Algunas áreas rurales se despueblan rápidamente a medida que sus habitantes mueren, con lo que surgen, por ejemplo, fenómenos como las “casas fantasma”: en 2018, un 13,6% de las casas en Japón –especialmente en zonas rurales y remotas- estaban tipificadas como akiya o sin un propietario registrado.

Un segundo tema de debate habitual son las pensiones. En Japón, si bien la jubilación se establece a los 65 años, las autoridades animan a los trabajadores a mantener su actividad laboral y complementar la pensión con un trabajo. Y de hecho, cada vez son más los que lo hacen; en el 2018 los trabajadores que seguían activos más allá de la edad de jubilación representaban el 19% de la fuerza laboral (por encima del 17% de EE.UU., el 9% de Reino Unido y el 2% de Francia). Desde algunos colectivos médicos también se ha planteado una redefinición de la vejez (que se aplica a los mayores de 65 años) para posponerla a edades más adelantadas, y establecer nuevas categorías que reflejen el rejuvenecimiento de la salud y la actividad de los mayores. Este es el caso del comité conjunto de las sociedades de geriatría y gerontología de Japón. En el 2017 ya proponían nuevas clasificaciones, como “pre-viejo” (para los menores de 74 años) y “viejo-viejo” o “super-viejo” (por los mayores de 90 años). Naturalmente eso conduce al debate sobre el posible retraso de la edad de jubilación.

Medidas políticas

Japón se encuentra hoy todavía luchando para reanudar el camino del crecimiento económico tras la grave crisis financiera de principio de los noventa y de dos décadas de estancamiento. En este contexto, la apuesta del gobierno se ha desplegado en varias políticas que apuntan a diversas dimensiones del problema: reactivar la economía y aumentar la recaudación; revertir la despoblación y aumentar la mano de obra activa (la jubilada, la inmigrante y la femenina) y, con luces largas, proyectar un nuevo modelo de sociedad 5.0, donde la tecnología es omnipresente y facilita el bienestar de las personas.

La primera de las dimensiones se simboliza por la política estrella del primer ministro Abe, conocida popularmente como Abenomics. Dentro de las tres grandes flechas o áreas de actuación, se incluye la reforma de las estructuras productivas para hacerlas más eficientes, y con el fin de incrementar la recaudación fiscal, incrementar progresivamente el impuesto al consumo, que se mantiene relativamente bajo (ha pasado del 9% al 10 en octubre del 2019). Son dos iniciativas con un coste político elevado.

Tampoco es popular –y así se ha evidenciado en las campañas recientes– el debate migratorio, en relación al cual las autoridades japonesas han optado por la prudencia y el pragmatismo. Si bien la presencia de población inmigrante es baja (2% del total), el país ha tenido una cifra de inmigrantes récord (2,7 millones de personas) con las reformas del sistema de visados de trabajo y un cierto relajamiento de las leyes restrictivas. Hay obstáculos culturales y lingüísticos que dificultan la integración del recién llegados; de momento eso no se ve paliado todavía por el modelo de “trabajadores invitados” que retornan a su país después tras 5 o 10 años de residencia. Se puede afirmar que Japón gestiona su política migratoria mediante la laboral-temporal y lo hace de manera incremental, ajustando la regulación a la demanda de mano de obra extranjera. Esta visión recibe críticas en el propio Japón. No sólo de los que perciben la precariedad de los recién llegados. También de los que de una manera pragmática ven cómo los impedimentos, en un entorno competitivo, pueden hacer que los trabajadores más preparados opten por mercados de trabajo más estables.

Para luchar contra la sombra del envejecimiento y la despoblación de las regiones rurales se proponen mecanismos de teleasistencia médica, robots cuidadores, vehículos no tripulados para el transporte de personas y mercancías o la digitalización de las finanzas.

En relación a la tasa de fertilidad, el gobierno Abe se marcó el objetivo de aumentar la tasa de fertilidad hasta el 1,8 hijos por mujer en 2025, un hito que parece cada vez más difícil de alcanzar. Aquí juega un papel central el hecho de que el cuidado de los familiares dependientes –niños y viejos- recae tradicionalmente en la mujer y esta visión, a pesar de los avances, está muy arraigada entre hombres y mujeres de las generaciones mayores. El patrón queda gráficamente expuesto en forma de “M” cuando observamos la evolución del empleo femenino por edades, con una alta participación de las mujeres jóvenes, que cae en torno a los 30 años para casarse o tener hijos, una nueva reincorporación cuando estos crecen (a menudo en precario o a media jornada) y una nueva salida para hacerse cargo de los viejos cuando se vuelven dependientes.

Por eso el gobierno se ha comprometido a subvencionar las guarderías públicas, si bien la oferta es todavía insuficiente, motivo por el cual muchas mujeres no se reincorporan después de la maternidad. En noviembre se anunció la creación de una comisión parlamentaria de estudio con el fin de reformar la ley y hacer obligatoria la prestación de paternidad, no sólo para empujar a algunos padres a disfrutarla sino también para blindarla ante los empresarios.

Con el objetivo de mitigar dos de los problemas (escasa mano de obra y exclusión laboral de la mujer), en el 2014 el gobierno japonés promovió la política conocida como womenomics. Precisamente pretendía aumentar la participación de las mujeres en el entorno laboral y especialmente en posiciones directivas, donde sólo ocupan el 13% de los lugares de responsabilidad. Si bien se ha registrado un incremento notable de mujeres trabajando, también lo es que siguen los problemas de calidad del trabajo, de conciliación familiar y la brecha salarial.

Más recientemente, con una visión global y pionera en todo el mundo, hay que reseñar la propuesta de una “Sociedad 5.0”: un programa liderado por el gobierno japonés cuyo objetivo es aprovechar la suma de nuevas tecnologías disruptoras –como la inteligencia artificial, la automatización o los datos masivos y el Internet de las Cosas– para conjugarlas y aplicarlas a revolucionar los ámbitos de la sanidad, la movilidad, las infraestructuras y las finanzas digitales.

En todos esta apartados, la sombra del envejecimiento y la despoblación de las regiones rurales está bien presente, y por ello se proponen mecanismos de teleasistencia médica, robots cuidadores, vehículos no tripulados para el transporte de personas y mercancías, o la digitalización de las finanzas. Hay que apuntar también que el proyecto no es sólo asistencial, sino que claramente busca optimizar y automatizar procesos afectados por la carestía de mano de obra. Procesos centrados en las personas, pero también menos humanos.

Debate sobre la jubilación

Cuando se pone un énfasis excesivo en las consecuencias negativas del envejecimiento, no debe olvidarse también que la noción de “viejo” está en cuestión. Personas con edades próximas a la decrepitud hace un siglo, hoy se ven tentadas por exóticos touroperadors de viajes de aventura, mientras que jóvenes-adultos, en la edad de trabajar, encadenan trabajos precarios y es posible que no puedan vivir una vida autónoma.

Posiblemente, al hablar de “población dependiente”, tendremos que revisar algunas categorías, y pensar, por ejemplo, si no podemos ver también en el envejecimiento un incentivo para mantener hábitos de vida más saludables a lo largo de la vida que nos permitan, si así lo deseamos, mantenernos activos profesionalmente o, por ejemplo, como emprendedores sociales. Eso no debe ser excusa, sin embargo, para que las medidas se tomen sin un debate social maduro o demasiado dirigido por intereses empresariales o que minen los derechos de los ciudadanos.

En Japón las encuestas señalan que un 25% de los baby boomers desean seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. Y el estado japonés los animará, como ejemplo de compromiso con la sociedad. Nos guste o no, el debate sobre la extensión de la edad de jubilación es el menos popular, y en cambio, quizá el más necesario que habríamos de tener en relación a este tema si queremos evitar sociedades desnortadas. Evitaría por ejemplo, un cierto derrotismo entre muchos trabajadores jóvenes que, cuando están en pequeño comité, ya dan por perdidas sus pensiones. Y al mismo tiempo obligaría al gobierno a ser transparente y defender un compromiso de futuro.

Un debate maduro sería posiblemente la semilla de un nuevo contrato social intergeneracional que desde tantos sectores y por tantos motivos se reclama. La solidaridad entre generaciones es una de las más necesarias de cara al futuro que nos espera, y que tiene también una contrapartida (de viejos hacia los jóvenes) en un debate tan trascendental como el del cambio climático. Por muchos motivos Japón es un laboratorio puntero sobre cómo podremos gestionar las sociedades cada vez más envejecidas del resto del mundo.

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