¿Qué soberanía?

Es profesora de Ciencia Política en la Universidade de Santiago de Compostela. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros y libros sobre temas relacionados con la gobernanza multinivel de la UE

Al recibir el encargo de redactar este análisis, recordé una de las tesis que mi maestra Vivien Schmidt ha desarrollado, por ejemplo, en Democracia en Europa: la Unión Europea y los sistemas políticos nacionales. La profesora Schmidt advierte de las limitaciones que la aplicación de ideas y discursos propios del mundo anterior a los procesos de integración en Europa y de creciente interdependencia de Estados y ciudadanos –lo que llamamos globalización – impone a la valoración del funcionamiento de la democracia en la Unión Europea. Las viejas nociones capturan mal las nuevas dinámicas políticas, sobre todo en nuestro continente, no solo a nivel supranacional, sino también en el interior de los Estados. Vivien, con su brillantez característica, apunta que la dispersión del poder asociada a la integración europea resulta menos extraña en los países con experiencia anterior de descentralización. No obstante, la clave reside en que ni los ciudadanos ni los líderes han adaptado sus conceptos y enfoques a la realidad del sistema político de la UE.

Integración política

Tal como fue ideada en la Paz de Westfalia (1648) para resolver los conflictos internacionales precedentes, la idea de soberanía significa el monopolio de la toma de decisiones de obligado cumplimiento en un territorio dado, claramente delimitado, que además se corresponde con una única comunidad política de tipo nacional. La cuestión es que el escenario mundial globalizado, desde los ochenta, impone retos diferentes de los sistemas políticos nacionales. Como trasladó gráficamente Alan Milward en El rescate europeo del Estado nación, en Europa los nuevos desafíos se han tratado de resolver a través de la integración política. En la Unión, la toma de decisiones supranacional sobre los asuntos y mediante los procedimientos convenidos por los líderes nacionales en el momento de negociar los tratados, o en el seno del Consejo Europeo, cumple la función de conservar y acrecentar la capacidad de regulación e influencia de los pueblos europeos.
La UE ha sido desde sus orígenes, en la letra de los tratados y en la práctica política y social, una unión de pueblos, en plural, regida por la idea de unidad en la diversidad. Se comparten los principios y valores democráticos y se pone el énfasis en la equidad, perseguida por los distintos Estados de bienestar, lo que solemos denominar modelo social europeo. La capacidad de recaudación de los países, mayor como miembros de la Unión que por separado, evita que sus Estados de bienestar se disuelvan como azucarillos en un escenario internacional globalizado. En comparación con el contrafactual, incluso para los países grandes, el poder para regular es mayor dentro de la Unión. Véanse las recientes sanciones europeas a empresas multinacionales, o las dificultades del Reino Unido para definir por su cuenta un modelo de crecimiento y bienestar. Por lo anterior, los enemigos de lo público lo son también de la UE, y voces procedentes de los Estados Unidos encuentran dificultades para comprender la racionalidad política, menos evidente que la económica, de la integración europea.

Concentración imposible

En la UE no cabe hablar de soberanía, ni dividida, ni limitada, ni compartida, términos que a veces se encuentran en la literatura y en los discursos políticos. Ni existe ni se pretende crear una única comunidad política nacional, y ninguna entidad supranacional o nacional monopoliza la capacidad para la toma de decisiones públicas. Aunque la distribución horizontal y vertical del poder está en continuo movimiento, su concentración es imposible por definición: para su reparto territorial, se aplican los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalitat. Los asuntos públicos son competencia de los Estados salvo que exista acuerdo de todos ellos para trasladarlos al nivel supranacional (principio de atribución). Las competencias compartidas deben ejecutarse (y, en general, la capacidad de decisión conservarse) al nivel más próximo al ciudadano (principio de subsidiariedad). Finalmente, el contenido y la forma de actuación conjunta han de mantenerse en el mínimo preciso para lograr los objetivos comunes (principio de proporcionalidad).

Al nivel supranacional, como en el interior de los Estados, se ha extendido lo que se conoce como gobernanza multinivel, esto es, una mayor implicación directa de actores de la sociedad civil organizada y de representantes de instituciones de distintos niveles territoriales en la definición de los problemas públicos y en la búsqueda de soluciones. En la Unión, este modelo ha sido impulsado por la Comisión Europea dada su necesidad de información sobre el terreno a la hora de elaborar propuestas normativas, así como de complicidades en la fase de implementación de las políticas, la cual es también competencia de los países. La gobernanza plantea desafíos democráticos en términos de rendición de cuentas y representatividad, así en la UE como en cualquier otra democracia contemporánea.

Lo cierto es que debido a nuestra incapacidad para elaborar nuevas nociones para el análisis de la política tal como es en nuestros días, continuamos hablando de soberanía, y además idealizamos las democracias nacionales anteriores a la Unión. Sin embargo, como indicó Peter Mair en algunos de sus últimos escritos (como en Gobernando el vacío), los Estados europeos padecían serios problemas de representatividad ya desde los setenta, esto es, mucho antes de la politización de la integración europea en los años noventa. Estas deficiencias estaban relacionadas con la pérdida de capacidad de los partidos para la articulación de preferencias políticas, y provocaron una reducción de la oferta o de la competición programática a nivel nacional. Los ciudadanos respondieron, entre otras formas, implicándose menos en la vida pública o apoyando a fuerzas antisistema, algunas de las cuales han erosionado la gobernabilidad, toda vez que dificultan la formación de coaliciones y contribuyen a la polarización de los conflictos.

Si yo fuese (una mala) política, quizás tuviese una respuesta a este problema. Como profesora de Ciencia Política, solo puedo subrayar que de todos depende definir qué retos colectivos afrentamos, cómo, y qué nombre damos a las nuevas soluciones. Soberanía no sirve: ya está cogido.

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