Un trabajo más humano para una Europa social

Quando explico a mis alumnos de Derecho del Trabajo alguna institución que, como las garantías para los trabajadores en caso de despido colectivo o el derecho de las mujeres al mismo salario ante un trabajo de igual valor, derivan directamente del derecho de la Unión Europea, siempre procuro destacar este aspecto. Lo subrayo con miras a crearles conciencia de que una parte de los derechos que hoy conforman nuestras normas laborales proceden de Europa. Hay otras muchas actuaciones beneficiosas para cientos de trabajadores que también proceden de ahí: bonificaciones para la contratación de jóvenes desempleados que se pagan con cargo a la Garantía Juvenil o programas de contratación y formación de parados que pueblan todos los rincones de España y se pagan con cargo al Fondo Social Europeo.Todas ellas son muestra de un embrionario mercado de trabajo europeo que apenas vemos, pero que existe aquí, como también están las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que han reconocido, entre otros, el derecho de las mujeres de nuestro país que trabajan a tiempo parcial a no ser discriminadas en sus pensiones. Por alguna razón, todas estas ventajas de nuestra pertenencia a la UE siguen siendo desconocidas, sin que la ciudadanía sea consciente de que su disfrute se debe a políticas que se deciden en Bruselas.

Europa amarga

Sin embargo, durante la crisis económica que vivió España a partir del 2008, la ciudadanía sí reparó en la cara más amarga de Europa. La política de consolidación fiscal que se impuso a partir de mayo del 2010 como fórmula para salir de la crisis resultó en significativos recortes de gasto social y la pérdida de derechos y servicios públicos. No es cuestión de relatar ahora todos los recortes y las reformas que se sucedieron durante los años en los que imperó la política de austeridad, aunque seguramente los lectores recordarán la bajada de sueldos de los empleados públicos, la práctica desaparición de las ayudas para la educación de cero a tres años y la dependencia, las reformas laborales o el rescate a los bancos, que nos ha costado una nada desdeñable cantidad de euros que no parece que vayamos a recuperar. Todo esto, de lo que la ciudadanía sí ha sido plenamente consciente, ha contribuido a crear una imagen negativa de la Unión Europea y un cierto desapego del sueño europeo que siempre tuvimos los españoles y otros pueblos para los que Europa fue siempre símbolo de democracia y prosperidad.

No creo que el renacimiento de los populismos o la entrada de la extrema derecha en buena parte de los parlamentos europeos –o el propio brexit– sean completamente ajenos a esta imagen un tanto despiadada que la Unión Europea desplegó durante la crisis económica. Estoy convencida de que hay millones de personas que se sintieron profundamente desamparadas por las instituciones europeas cuando estaban sufriendo en su propia carne las consecuencias de la crisis y que ello ha provocado en alguna medida que abracen opciones políticas que se presentan (aunque estén lejos de serlo) como la salvación o el remedio de todos los males. Con todo, la peor de las consecuencias ha sido que ello ha generado una imagen sesgada de la Unión Europea, como una institución pendiente de los mercados y no de las personas; como un mercado económico, pero no un espacio social.

Sin derechos laborales y de protección social, el proyecto de integración europea se construye con barro y crea desafección

Este espacio se reconoce en el pilar europeo de derechos sociales,¹aprobado en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, el cual representa el primer intento, tras la crisis económica, de recuperar la imagen y las políticas sociales en el ámbito de la UE. En su preámbulo dice que es necesario “hacer frente con prioridad a la inseguridad económica y social” y “crear un futuro económico prometedor para todos” o que la Unión Europea ha renovado su compromiso de “trabajar en pro de una Europa social” y que “este compromiso se basa en los principios del crecimiento sostenible y la promoción del progreso económico y social”. Ello se hace “para apoyar la construcción europea del siglo XXI” y porque hay que “hacer más hincapié en los resultados sociales y de empleo para aumentar la resiliencia y consolidar la Unión Económica y Monetaria”. En la jerga europea, ello equivale a reconocer que, sin derechos sociales y sin tener en cuenta los efectos en términos de empleo y cohesión social de las políticas económicas, el propio avance de la UE peligra por falta de legitimidad.

Pero quizá sea el cambio de rumbo más significativo que los derechos laborales y de protección social se ponen en el centro de esta recuperación del pulso social en la construcción europea. En el pilar social se reconoce que “los trabajadores tienen derecho a salarios justos”, que “deberán evitarse las relaciones laborales que den lugar a una condiciones de trabajo precarias”, que los “trabajadores tienen derecho a un trato justo y equitativo en cuanto a condiciones de trabajo y acceso a la protección social” o que “toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna”. Claro que se trata de declaraciones y que sigue rigiendo el principio de subsidiariedad que lamina las competencias sociales de la Unión Europea, pero estos reconocimientos pueden convertirse en piezas con las que poder armar un modelo de mercado de trabajo europeo más justo y acorde con un nuevo tiempo en el que el desafío de la tecnología, de la sostenibilidad ambiental y del cambio demográfico llama a las puertas de la UE.

Ello parece estar fructificando en la propuesta de Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles,²  donde pretenden establecerse “los derechos mínimos aplicables a todos los trabajadores de la Unión”, incluidos aquellos de la economía digital a los que se considera autónomos sin serlo. Ello está igualmente presente en los debates sobre la implantación de un salario mínimo europeo y en el establecimiento de un seguro de desempleo europeo, en la Recomendación del Consejo sobre el acceso a la protección social de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia o en la creación de una Autoridad Laboral Europea. En suma, estas acciones de la Unión Europea parecen querer demostrar que finalmente ha comprendido que, sin derechos laborales y de protección social, el proyecto de integración europea se construye con pies de barro y suscita desafección.

Aún queda mucho por hacer y las elecciones europeas serán decisivas en esta tarea. Pero, si con estas y otras iniciativas la Unión Europea asumiera el papel de transformar los mercados de trabajo para hacerlos más humanos, habría razones para recuperar la confianza y la esperanza en ella.

¹ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf
²www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0379_ES.html