La seguridad y la garantía de derechos y libertades

Diplomada en Cultura de Pau y posgrado en Seguridad Pública. Impulsó la Unidad de mediación e interlocución del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.

En un estado de derecho la misión principal de los cuerpos de seguridad es garantizar el ejercicio de derechos y libertades, y la seguridad de la ciudadanía, con atención especial a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Esta seguridad se consigue también manteniendo el orden y la convivencia en el espacio público. He aquí el terreno complejo y controvertido: garantizar el equilibrio entre los dos mandatos. La situación de conflicto político que vive Catalunya y la escalada de las últimas semanas interpela para garantizar este equilibrio como alternativa a un escenario de más gravedad política y social.

Este artículo no cuestiona la seguridad ni el papel de los cuerpos de seguridad en tanto que garantes de derechos y libertades, ni su contribución a la seguridad como política social, contribuyendo a la convivencia pacífica y democrática y entendiendo que las desigualdades sociales, los problemas de convivencia y los nuevos retos no se pueden resolver sólo con el Código penal, con medidas represivas y punitivas. Tampoco se trata de legitimar forma alguna de las violencias ejercidas, ni situarlas en la misma responsabilidad. La respuesta a una violencia nunca puede ser exclusivamente otra violencia. A fenómenos complejos soluciones complejas. Hay que ir a las causas, pero eso sobrepasa la competencia del orden público.

Ante cualquier conflicto colectivo político y social existen como mínimo dos modelos posibles de gestión de la seguridad. El tradicional o impositivo que contempla el conflicto de manera negativa y propone una respuesta coercitiva y represora. Y un modelo alternativo con el que se buscan acuerdos favoreciendo la disidencia, la discrepancia y el consenso, dando voz a la diversidad de posturas para buscar la solución, basada en la confianza y la cooperación. A lo largo de estas semanas, el conflicto social se ha expresado en las calles, y en algunos casos ha provocado problemas de orden público. En esta situación hay se debe hacer buena gestión del problema para no estropear otros derechos y libertades, y también para no acentuar la escalada del conflicto.

Modelo de gestión alternativo

El 1 de octubre del 2017 se manifestaron dos modelos de seguridad pública. Y durante el juicio del proceso aún se ha hecho más evidente el desconocimiento de la mediación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, en el mejor de los casos, y en el peor de la aplicación de un modelo de seguridad que criminaliza, reprime la disidencia política y actúa utilizando el monopolio de la fuerza.

Ahora el debate y la polémica vuelven a estar otra vez servidas, ante la violencia en las calles y la respuesta policial en forma de contención de esta violencia, represión, y de actuaciones de mala praxis policial. En este punto radica la principal dificultad del tema que nos ocupa.

Debe criticarse que desde la política se pida a las fuerzas de seguridad que gestionen de manera alternativa el conflicto, interlocuten y se hagan cargo de aquello que los políticos se han mostrado incapaces de hacer.

El conflicto nunca se ha leído como algo positivo que podía propiciar una mejora de la sociedad ni se ha abordado desde el paradigma de la Gestión Alternativa de Conflictos (GAC). Se ha menospreciado este paradigma de manera reiterada institucionalmente, políticamente, y ahora nos topamos con una escalada donde aparecen las consecuencias. El conflicto y el cambio muy a menudo van de la mano; las situaciones de cambio suelen generar conflictos, porque los factores que intervienen en ellos hacen tambalearse la situación establecida y eso provoca incertidumbre, inseguridad y desconfianza. Pero la vertiente positiva del conflicto se puede convertir en un elemento de motor y de cambio social. Las diferencias, la controversia, la discrepancia nos pueden hacer avanzar como sociedad. Por lo tanto, podríamos afirmar que la carga positiva o negativa del conflicto no depende de su misma existencia sino de la (in)capacidad de las partes para conducirlo y gestionarlo de manera positiva.

Conociendo estos antecedentes, de la misma manera que se critica la judicialización de la política, hay que criticar que desde la política se pida a las fuerzas de seguridad que gestionen de manera alternativa el conflicto, interlocuten y se hagan cargo de lo que los políticos se han mostrado incapaces de hacer.

¿Qué podemos hacer?

En primer lugar es necesario asumir este cambio de paradigma, ponernos las gafas de la GAC; un cambio de recorrido lento, progresivo e imparable de reconocimiento social y de las instituciones para apostar por otras formas de resolver y transformar los conflictos mediante vías no adversarias. Pero este cambio no puede empezar por el orden público y las expresiones de violencias. Hace falta empezar por quien tiene la principal responsabilidad: la política entendida en un sentido amplio.

Aunque tarde, hace falta promover el uso de este paradigma en todas las vertientes: comunicativa, política, social, policial, individual, cotidiana, educativa, etc. Esta nueva mirada implica una visión no destructiva del conflicto y desarrolla una cultura de prevención y resolución que impregna las relaciones interpersonales y una nueva manera de hacer, gobernar, actuar, pensar, relacionarse, y porque no, amar, con el fin de fomentar el diálogo y la negociación.

En relación con la seguridad, desde el respeto al derecho de reivindicación, hay unos requisitos para aplicar los instrumentos de la GAC al orden público: el conocimiento del entorno y el contexto social; la ruptura de estereotipos, estigmas y prejuicios. Hace falta más inteligencia policial, que las unidades especializadas y mandos responsables de las decisiones operativas tengan conocimiento de la naturaleza, las causas y los factores del conflicto, que les permitan generar herramientas para minimizar las consecuencias negativas del conflicto y actuar con mayor eficacia. Este modelo preventivo requiere incluir la visión de otros agentes sociales, y trabajar para que la policía y activistas sociales estén claramente al mismo lado en el eje violencia – no violencia. Las complicidades se deben buscar antes del estallido de violencia.

Los tiempos actuales piden actuar también en el entorno virtual, el espacio donde se construyen actualmente la mayoría de narrativas e imaginarios colectivos. Los gestores del orden público y la seguridad deben contemplar estos medios como herramienta de comunicación garantista y preventiva. Son un buen altavoz para incidir en el relato de la no violencia y de la corresponsabilidad en la seguridad.

Se debe exigir a las fuerzas de seguridad exquisita neutralidad política, y que no se les pueda identificar con ninguno de los posicionamientos. Hay que mostrar contundencia con la mala praxis policial, actuaciones policiales no procedimentales cargadas de elevado simbolismo que suponen violencia institucional. Los hechos de las últimas semanas no pueden condicionar futuras actuaciones policiales por una posible identificación del grueso del colectivo como hostil. De las situaciones vividas hará falta aprender y evitar repetir los errores cometidos.

Con respecto a la ciudadanía, en estos momentos de dolor colectivo y emociones a flor de piel, hay que ser muy responsables tanto a nivel colectivo como individual. Hay lugar para la esperanza viendo cómo se articulan iniciativas en la dirección de la corresponsabilidad, organizando cordones ciudadanos, con el fin de aislar las actitudes y acciones violentas, y evitar enfrentamientos entre ciudadanía y cuerpos de seguridad. Hablar y debatir mucho sobre todas las violencias que operan. Hace falta también un debate riguroso sobre derechos y libertades y seguridad, reconociendo que se deben aplicar con igualdad, independientemente de filias y fobias. Demasiado a menudo se cae en la trampa de pedir mano dura para los adversarios y se es permisivo con los afines.

Acabo enumerando otros retos pendientes. Un análisis riguroso y multidisciplinar de las motivaciones y los malestares que generan las protestas específicas juveniles. Y cuál es el papel que queremos que tenga la policía en una sociedad democrática. Como dice Galtung, no hay alternativa a la transformación empática, no violenta y creativa de un conflicto. ¡Empecemos!

¿Te ha gustado este articulo? Compartir

Suscríbete al boletín de El món de demà y recibe cada quince días nuestro sumario de artículos.